Pensión de alimentación sufren retrasos por lo débil de las sanciones.

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Según consigna La Tercera,  las pensiones alimenticias desde el 2017 han sufrido bajas en cuanto su cumplimiento, es decir los obligados o responsables de otorgar este beneficio de protección para los más pequeños, no están otorgándolo y esto ha generado un número considerable de denuncias por parte de la figura, encargada de la custodia del menor.

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Para el 2017 el registro civil, contabilizó alrededor de 2154 licencias revocadas, debido a que, el porcentaje de incumplimiento de dicha pensión ha ido creciendo exponencialmente desde el 2010 e inclusive en cuanto las licencias revocadas, en el 2010 eran solo 133.

Expertos en la materia, aseguran que el incumplimiento de dichas pensiones, están condicionadas por dos factores importantes, el primero va de la mano con el desconocimiento que se posee en la materia y el segundo factor, tiene que ver con lo débil o la ausencia de sanciones por el incumpliendo de la pensión.

El abogado, Gabriel Muñoz, representante de la corporación de asistencia judicial explica, que la definición de alimentos u objetivo principal de la pensión de alimentación, es la expensa de dinero, que debe hacer una de las partes a la otra, para la manutención o ayuda para el desarrollo del menor, ya que, esta pensión servirá para el pago de colegiatura o el pago de alimentos necesarios en la dieta básica del menor.

La normativa vigente, establece que la pensión de alimentos es obligatoria hasta que el menor cumple 21 años o en el caso que este padezca de algún impedimento físico que no le permita ejercer profesionalmente o en el caso de permanecer estudiando en alguna entidad superior,  la obligación de otorgar dicha pensión debe ser hasta  que el joven cumpla los 28 años de edad, acotando que si se trata del impedimento físico, puede ser desde el nacimiento o por algún accidente sufrido antes de los 21 años.

Ahora, según el abogado Cristian Lepin, el crecimiento o aumento del incumplimiento del pago de las pensiones de alimentación, obedece a lo débil que es la normativa vigente, en cuanto a sanciones por el incumpliendo de dicha pensión, ya que, esta solo contempla arresto nocturno, retención de renta y desde el 2008 se incorporó la suspensión de la licencia de conducir por un lapso corto de tiempo.

Esta falla en la normativa, en cuanto a las sanciones, ha causado que el número de sanciones interpuestas a los obligados o responsables de pagar dicha licencia, se elevará nada más en el 2017 a 148.087 demandas, casi un 50% de aumento, con respecto al año anterior.

Además, las partes afectadas, que la mayoría de los casos son las madres, suelen desistir y olvidarse de dichas pensiones, ya que, pueden mantener solas a sus hijos o piensan que las sanciones o medidas tomadas por los circuitos judiciales, no surten efecto y a la larga el tiempo empleado en el juicio termina siendo mayor.

Una de las especialistas en la materia, que ha expresado su preocupación, con respecto a este tema, es la abogada Carmen Domínguez, académica de Derecho de la U. Católica. Ella expresa que las autoridades deberían prestarles mayor atención a estos casos y no a las demandas por incumplimiento de pagos comerciales, ya que, se esta hablando de una medida que puede o ayudara en lo básico para que un niño pueda sobrevivir.

Esto es una problemática que el Estado, debería atender con urgencia y prioridad, ya que, hablamos del desarrollo de la población y generación de relevo.

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